El Ministerio de Agricultura quiere que para el próximo mes de marzo esté aprobada la Orden de ayudas a la renovación de maquinaria agrícola para 2018. Según sus responsables, el apoyo se centrará en buena medida en los equipos de aplicación de purines, teniendo en cuenta las medidas adoptadas este año en el marco de la condicionalidad de las ayudas de la PAC.
Entre los cambios que se han introducido en la normativa sobre pagos directos de la PAC de este año figuran algunos en el régimen de condicionalidad. En particular, queda prohibida la aplicación de purín en las superficies agrícolas mediante sistemas de plato o abanico, o de cañones (aunque las Comunidades Autónomas pueden establecer excepciones) y, además, los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo posible.
El Ministerio considera que en la mayoría de los casos no será necesario cambiar la cuba de purín sino solo la herramienta para aplicarlo. Recuerda asimismo que ya en la convocatoria del Plan Renove de maquinaria del año pasado se contemplaban ayudas para la adquisición de cubas de purín con aplicadores localizados. Más emisiones de amoníaco.
Las nuevas obligaciones son urgentes y están justificadas, según este departamento, por motivos medioambientales.
Bruselas tiene abierto un procedimiento de infracción contra España por rebasar su techo de emisiones de amoníaco. De acuerdo con los datos oficiales, en 2015 se superó el límite que tenemos asignado en el marco de la normativa comunitaria sobre calidad del aire.
El 96% de esas emisiones proceden del sector agrario y el 76% tiene su origen en la gestión de estiércoles y purines. Las expectativas en este ámbito no son positivas: la nueva normativa comunitaria obliga a España a reducir su techo de emisiones de amoníaco en un 16% para el año 2030; sin embargo, el censo ganadero ha crecido y el rebasamiento del límite podría haber sido aún mayor en 2016 y 2017. El Ministerio precisa que la aplicación localizada de estiércoles líquidos y purines en el suelo puede reducir las emisiones de esta actividad entre un 30% y un 70%.
Subraya que se trata de elegir entre tomar medidas de este tipo o plantearse reducir el censo de animales, como han tenido que hacer otros países europeos. Añade que las excepciones que pueden aplicar las Comunidades Autónomas a estas nuevas obligaciones en la condicionalidad deberían ser eso, excepciones, ya que sería deseable que a finales de 2018 se haya completado el cambio.